El pasado 31 de enero, un grupo amplio de organizaciones sociales diversas convocamos y concurrimos en una gran marcha para apoyar y solidarizarnos con un conjunto de organizaciones campesinas de nuestro país. Nuestra marcha, que culminó en el Zócalo de la Ciudad de México, fue pacífica, plural, respetuosa y propositiva. En esa ocasión, los ahí presentes manifestamos no sólo nuestra solidaridad plena con las organizaciones campesinas que participaron, en su demanda inmediata por la moratoria y por la revisión integral del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Más que todo, los ahí presentes manifestamos nuestra solidaridad con la gran mayoría de trabajadores agrícolas y campesinos en nuestro país, frente a la ancestral situación de atraso, de exclusión y de abandono que han padecido, cuyo recrudecimiento tiene que ver, sin duda, con el agotamiento de un modelo económico ligado al autoritarismo corporativo del Estado y del sistema político en México.

La situación por la que atraviesan los trabajadores del campo en nuestro país, y los asalariados en general, es un problema de tipo estructural, económico, social y político que ciertamente no se resuelve con la sola revisión del TLCAN, pero que pasa necesariamente por esta condición. Iniciar un proceso estructural y concertado de Reforma del Estado que nos lleve a la transformación democrática del viejo autoritarismo corporativo, clientelar y de cúpulas, debiera de iniciar con una nueva actitud y con una mejor disposición de los gobernantes para definir nuevas políticas públicas, diseñadas, elaboradas e instrumentadas de manera más democrática, plural, incluyente, participativa y comprometida. Nada de eso ha ocurrido hasta el momento, lo que nos parece preocupante no sólo por la acumulación de rezagos y por los conflictos potenciales que dicha acumulación genera, sino porque revela, una vez más, que el cambio de régimen y la Reforma del Estado, han dejado de ser objetivos prioritarios en la agenda del actual gobierno.

La manifestación multitudinaria y pacífica del 31 de enero permitió que la mayor parte del grupo plural y diverso de organizaciones convocantes y participantes, nos comprometiéramos para trabajar juntos en grandes objetivos sociales de corto, mediano y largo alcance. Estamos dispuestos a trascender las limitaciones y los obstáculos del corporativismo y del clientelismo, de la dispersión y del aislamiento, porque sólo así lograremos poner en primer término los grandes problemas nacionales y el interés mayoritario, y lograremos hacer de la transición a la democracia y de la Reforma del Estado los grandes temas de concurrencia, de encuentro y de consenso de la sociedad y del gobierno.

Lo que nos proponemos es una transformación democrática del poder, planteamos la construcción de un nuevo proyecto de poder específicamente democrático, no al servicio de un partido o de unos cuantos partidos, de un grupo o de unos cuantos grupos que históricamente se han beneficiado de él y pretenden seguir haciéndolo mediante la descalificación del contrario, a través la exclusión, de la unilateralidad y de la cerrazón.

A diferencia de algunas voces oficiales, sostenemos que la transición democrática en México no ha concluido, que falta mucho para llegar a la configuración de un nuevo régimen democrático, y que discutir la transición a la democracia en México no es un ejercicio teórico ni retórico, sino una práctica política de todos los actores, sobre todo de la sociedad, pero que compromete y obliga en especial al gobierno. Afirmamos que hoy por hoy, los caminos para avanzar hacia una verdadera transición a la democracia son una reforma laboral y productiva participativa, incluyente, para una más justa distribución del ingreso, para una mayor productividad y empleo para democratizar el mundo del trabajo, así como un gran acuerdo para diseñar y aplicar una política de Estado para el campo mexicano, que garantice soberanía alimentaria, vida digna y desarrollo sustentable.

Como actores de una sociedad plural, pluricultural, diversa, con enormes carencias, con grandes y legítimas expectativas, anunciamos públicamente nuestro compromiso de constituir un Frente Social, Sindical y Campesino para impulsar la política de Estado en el campo y la Reforma Laboral y Productiva, dispuesto a aportar los contenidos sociales y populares fundamentales para un nuevo proyecto de Nación, a forjar un Proyecto Nación que incluya el punto de vista de los trabajadores, de los asalariados de la ciudad y del campo, de los jóvenes, de aquellos a los que el viejo sistema autoritario obvió y desdeñó, buscando siempre someternos a la servidumbre cívica y política, pero que hoy nos levantamos como sociedad viva, como ciudadanos libres, como actores demandantes dispuestos a entrar a una nueva lucha política, no la del poder que se reparte de manera patrimonialista y oligárquica, sino la del poder que se construye desde abajo, con la fuerza de la movilización, del trabajo, de la razón y de la inclusión.

La lucha por nuevos espacios de poder es indispensable para la sociedad, porque sin estos toda tentativa de transformar la sociedad puede ser acallada, igual que en el pasado, por la brutal represión física e ideológica del sistema de privilegios que se niega a morir; no obstante, lo que necesitamos y aún no tenemos, es un proyecto antiautoritario amplio, integral, ideológico, que abarque la totalidad de la vida social. Es a este proyecto antiautoritario y democratizador al que nos convocamos y al que convocamos.

Ninguna fuerza social o política del país puede abrogarse la propiedad del proyecto nacional, ni suponer que su proyecto es el proyecto nacional, el único válido, verdadero y posible. La vida política de México ha llegado a ese momento crítico en el que cualquier proyecto nacional, para ser legítimo, debe de ser sometido a la prueba de los consensos, a la prueba de los conflictos, a la prueba de la inclusión, de la razón y de la justicia. No asumimos que nuestras propuestas sean el único proyecto de nación, porque la verdad es que ninguna fuerza en este momento lo tiene. Lo cierto es que debe de ser un proyecto antiautoritario, y que acabar con el autoritarismo supone la construcción de una nueva institucionalidad democrática. Transitar hacia un régimen democrático exige del establecimiento de instituciones específicamente democráticas, esta es sin duda una de las prioridades nacionales.

No podemos seguir permitiendo que el punto de vista de los gobernantes nos siga siendo impuesto como la única verdad posible, como la única visión del mundo, no sólo porque el punto de vista gubernamental ha demostrado estar lleno de equívocos y de falacias, sino porque la democracia se construye en la pluralidad, en la diversidad, como capacidad de conciliar los intereses más contradictorios y de encontrar, mediante el diálogo y la negociación, el común acuerdo aún en las situaciones más adversas.

No renunciamos a nuestro derecho de expresarnos, de movilizarnos y de participar en la definición del país que queremos. Seguiremos impulsando juntos una reforma laboral y productiva integral, que incluya una reforma institucional a fondo del sistema laboral mexicano, así como una respuesta integral y de largo plazo para el campo, que rompa las cadenas del atraso, de la servidumbre y de la dependencia. Nuestra lucha no es electoral ni de coyuntura. Es por un nuevo país y por un nuevo pacto social democrático, justo y equitativo. No cederemos.

CONVOCAMOS A SINDICATOS, ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y SOCIALES A ASISTIR A LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL "FRENTE SINDICAL-CAMPESINO Y SOCIAL PARA IMPULSAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA, EL EMPLEO, LA VIDA DIGNA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CAMPO Y LA CIUDAD", EL PROXIMO JUEVES 27 DE MARZO A LAS 10:00 HRS., EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN No. 1721, COL. DEL CARMEN COYOACAN. (PARADA METRO GENERAL ANAYA).