El pasado dos de julio, la sociedad mexicana optó por un cambio democrático que de alguna u otra forma ya se ha iniciado, pero que en los meses y años por venir, deberá de proyectarse e impulsarse en prácticamente todos los aspectos de la vida social, económica, política e incluso ideológica del país. Se trata, sin duda, del comienzo de un proceso histórico con desarrollos y con metas de corto, mediano y largo plazos, en el que un objetivo esencial es la construcción de un nuevo Estado democrático, más justo, más participativo, más incluyente y más productivo de lo que pudo haber sido el Estado corporativo, aún en sus momentos de mayor eficacia y esplendor. La transición a la democracia es un proceso complejo, en el que sólo la intensa participación y movilización sociales y la configuración de acuerdos y compromisos representativos y legítimos en todos los niveles, podrán superar las resistencias e inercias del viejo sistema y de sus intereses.

Para los trabajadores, la posibilidad del cambio trae consigo expectativas adicionales, porque por vez primera en varias décadas, el nuevo gobierno se ha comprometido a emprender transformaciones importantes, transformaciones democráticas en materia laboral. Uno de los indicadores de la decadencia del viejo sistema corporativo es, precisamente, el abandono y el descuido de la cuestión laboral y productiva, lo que convirtió a la política laboral del Estado en sinónimo de control político sobre los actores productivos y de sobreintervención gubernamental, directa o indirecta, sobre las relaciones obrero-patronales y en la vida interna de los sindicatos y de las organizaciones patronales, es por ello que la UNT considera que la reforma laboral y productiva es parte sustancial de la necesaria reforma social, democrática y económica del Estado Mexicano.

El cambio laboral comprometido por el nuevo gobierno es un cambio específicamente democrático, lo que coloca a la transición laboral pactada en un lugar estratégico dentro del proceso general de construcción de la transición a la democracia en nuestro país. Orientar y promover un cambio democrático en materia laboral y productiva exige, necesariamente, trascender al corporativismo y confrontar de diversas formas sus estructuras y sus prácticas.

La Unión Nacional de Trabajadores reconoce que existe ya una base muy clara e inconmutable para plantear y proyectar una reforma laboral y productiva democrática en la agenda laboral del nuevo gobierno. Esta base está definida, principalmente, por los diez puntos que estableció el candidato Vicente Fox con la propia Unión Nacional de Trabajadores el 16 de febrero de 2000, así como por los Veinte Compromisos por la Libertad y la Democracia Sindical.

La UNT piensa que es indispensable para la gobernabilidad del cambio el respeto y el cumplimiento de los compromisos ya existentes, no sólo porque constituyen una verdadera alternativa para emprender los cambios laborales sustantivos que se ha propuesto el nuevo gobierno, sino porque son una posibilidad real para impulsar un nuevo acuerdo social entre trabajadores y empleadores, así como para redefinir el papel del gobierno en materia laboral y productiva, eliminando la sobreintervención y el control político como prioridades de la política laboral.

La UNT sostiene por ello que, en todo caso, las discusiones y los consensos representativos en torno de la reforma laboral y productiva y de la agenda laboral del nuevo gobierno tienen que partir, necesariamente, de las bases establecidas en campaña. Es por tanto de la mayor importancia retomar la iniciativa del diálogo público nacional sobre la reforma laboral y productiva, para de aquí sumar voluntades, movilizar, lograr aliados, formar acuerdos, asumir compromisos, definir normas y leyes y superar resistencias y obstáculos, cualquier posible reforma a la legislación laboral debe de ser por tanto, el resultado en lo principal del acuerdo social entre trabajadores y empleadores, convocado y respaldado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por vez primera, existe la posibilidad de contar con una política laboral y productiva de estado que sea consecuencia del acuerdo social y del consenso y no de la imposición o de clientelismos partidistas, una ley para la revalorización del trabajo, el salario y el trabajador, para el desarrollo productivo de las empresas y la competitividad económica, para la concertación auténtica entre los actores del mundo laboral, para la justicia, la equidad y el desarrollo nacional.

Es importante subrayar que la agenda básica de la nueva política laboral no requiere de modificaciones legislativas de corto plazo. Más aún, la contratación colectiva puede de inmediato permitir la detonación de los cambios fundamentales por lo que, antes que modificar las leyes laborales, sería adecuado imprimir cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Reglamento de la STPS. Lo anterior en virtud de que, además de los compromisos ya señalados, la política laboral debería de instrumentar un cambio profundo en la estructura, actitudes, facultades, valores y perfil de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a fin de que: promueva un desarrollo armónico, democrático y autónomo de los actores productivos; aliente un crecimiento sostenido y sustentable; logre la convergencia empresarial y sindical y el justo disfrute de los resultados económicos de dicha convergencia; promueva la generación de más y mejores empleos, de mayores salarios e ingresos, de la capacitación permanente y fomente la cohesión económica y social, la solidaridad de los actores del mundo del trabajo y el ejercicio transparente, ético y eficaz de la autoridad laboral en todos sus niveles.

En consecuencia, la UNT insiste en que los planteamientos de la reforma laboral y productiva y de la agenda laboral del nuevo gobierno, partan de los compromisos ya existentes, porque constituyen la única forma creíble y posible para emprender los cambios laborales sustantivos que se ha propuesto el nuevo gobierno y porque son una parte ineludible de la transición a la democracia y de la Reforma del Estado.

Para la nueva política laboral y productiva es indispensable considerar la legalidad internacional de las prácticas laborales, en especial el cumplimiento de los convenios internacionales en la materia y la inclusión y la reglamentación de la cuestión laboral en los tratados comerciales. En cuanto al método para arribar al acuerdo social y el consenso, proponemos se realice a partir de los puntos definidos y comprometidos y de ellos convocar, sumar y conciliar a quienes sean convocables y conciliables. Habrá sin duda quienes por sus privilegios o intereses no lo sean, pues de antemano se presenta un desequilibrio histórico; el nuevo gobierno debe de tener en cuenta sobre todo la desigualdad preexistente, que ha colocado a los trabajadores mexicanos en una situación de extrema precariedad económica y social. la reforma laboral tendrá que ser fundamentalmente representativa de los intereses de los trabajadores, cuyos derechos laborales básicos han sido cancelados por el corporativismo, el autoritarismo y la corrupción.

Un segundo aspecto substancial de método para la reforma laboral y productiva y para definir la agenda laboral del nuevo gobierno, es comenzar a diluir la sobreintervención gubernamental creando las condiciones para la democratización, la libertad y la autonomía sindical, así como abrir paso a una mayor y mejor interlocución entre trabajadores y empresarios, lo que supone un cambio importante en la practica tripartita corporativa.

Lo anterior supone que la mesa y que los trabajos de la reforma laboral no pueden ni deben de quedar sólo en manos del gobierno, sino que de entrada deben de participar el Poder Legislativo y el Judicial y establecerse puentes con otras mesas, en especial en materia de Reforma del Estado y de Acuerdo Social. Asimismo, es preciso apostar abiertamente al nuevo diálogo obrero-patronal, recuperando hasta donde sea posible la experiencia de la nueva cultura laboral, pero a la vez tomando en cuenta que en esta ocasión se trata de crear nuevos espacios de diálogo obrero-patronal, para el establecimiento de pactos productivos, eventualmente promovidos y coordinados pero no controlados ni dominados por el gobierno.

El diálogo obrero-patronal debería iniciarse con el fin inmediato de realizar diagnósticos conjuntos por ramas, cadenas, regiones y sectores de la producción. Estos diagnósticos pondrían atención a aspectos clave para diseñar y proyectar políticas públicas, como: tipo y nivel de empleo, capacitación, grado de modernización, capacidad administrativa, productividad, tecnología, salarios, contratación colectiva, etc. Un segundo nivel del diálogo obrero-patronal sería la pactación de acuerdos productivos, por rama, cadena y sector de la producción. Entre los sectores sobre los que consideramos que existe una mayor urgencia para establecer acuerdos específicos podemos mencionar los siguientes:

• Sector de aeronáutico.
• Transportes. Aeronáutico y Terrestre.
• Radio, televisión, cinematografía y prensa escrita.
• Telecomunicaciones en la convergencia digital.
• Energéticos.
• Educación.
• Seguridad Social, (la CONSAR, sociedades de ahorro y préstamo, asistencia social, jubilaciones y pensiones).
• Sector agropecuario.
• Política cultural.

Esta dinámica compleja describe un proceso muy amplio de reconstrucción de la vida social, política y económica en el país, del cual se desprenderá una movilización novedosa, diferente que nutrirá el desarrollo de la transición a la democracia.

Es importante señalar que la UNT de ninguna manera aceptará que el "Código Procesal del Trabajo", que algunos sectores están interesados en convertir en la base de un cambio en el orden laboral se considere para efecto de desencadenar todo este proceso; ya que dicho anteproyecto no ha sido consensado ampliamente entre las organizaciones sindicales y representa una regresión con relación a diversos derechos fundamentales de los trabajadores que ya están contemplados en las leyes vigentes, pero sobre todo, porque en el Código no se abordan las reformas de fondo que son necesarias para garantizar el ejercicio de la libertad sindical, la abolición de los contratos de protección, ni los demás aspectos que deberían abordarse para perfeccionar el derecho laboral mexicano.

En opinión de la UNT, una modificación de fondo del orden laboral en México debe considerar entre otras cuestiones las siguientes:

• Constitución del Registro Público Nacional de Sindicatos y Contratos Colectivos.
• Penalización a empleadores y sindicatos que pacten contratos colectivos de protección.
• Establecimiento de reglas que garanticen el funcionamiento democrático y representatividad de las organizaciones sindicales y empresariales (voto universal directo y secreto, entre otras medidas).
• Establecimiento de cláusulas referentes a los sistemas de capacitación y productividad.
• Homologación a la alza de los salarios mínimos, desaparición de la CNSM Y definición de mecanismos democráticos e incluyentes para la determinación de los mismos.
• Federalización de la Justicia Laboral, es decir la competencia exclusiva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en lo administrativo y de los jueces federales de lo laboral en lo jurisdiccional.
• Sustitución de las juntas por jueces de lo laboral.
• Eliminación de la requisa y de todos los ordenamientos legales que nulifican el derecho de huelga.
• Eliminación del apartado "B" por su carácter limitativo de los derechos laborales.
• Garantías plenas al derecho de asociación sindical y a la autonomía de las organizaciones de los trabajadores.
• Garantías plenas a la estabilidad en el empleo.

Sabemos que usted comparte con nosotros la convicción de que responder a los compromisos permite congruencia y fortalece la credibilidad, lo que marca rumbo y representa el más valioso capital político para el cambio, reiteramos así mismo que el acuerdo social y el consenso son instrumentos esenciales para avanzar en la nueva política laboral y que la contratación colectiva es el espacio idóneo para desencadenar este proceso.

Desarrollar estas reformas de la manera propuesta, colocándolas en el ámbito de las prioridades nacionales, será un elemento fundamental para apuntalar la paz social en la medida en que estarán sustentadas en acuerdos y consensos sociales incluyentes y plurales. Lo anterior es muy diferente de la paz aparente derivada del control autoritario y corporativo, por lo que debemos tener claro que la gobernabilidad y el direccionamiento adecuado de estas transformaciones implica necesariamente un cambio en la correlación de fuerzas y por consecuencia requiere de aliados y de actores que puedan impulsarlo. Arribar a este cambio producirá sin duda logros en justicia social pero de manera adicional y no menos importante, dará viabilidad al aparato económico y productivo del país.

México, D.F., noviembre del 2000.