1. INTRODUCCIÓN

Es evidente que los Pactos Económicos establecidos principalmente desde 1982 con el ascenso de las políticas neoliberales se encuentran agotados. En un principio se pensaron como acuerdos de corto plazo para salir de la crisis económica, que en ese momento se manifestaba principalmente como un fenómeno inflacionario. Se convirtieron, después en instrumentos políticos permanentes de los gobiernos para superar la crisis económica y emprender la reestructuración productiva del país, vía el control sobre los trabajadores y sus organizaciones.

Los pactos económicos desde entonces han sido parte central de la política económica y social de los programas gubernamentales, hoy son inoperantes para poder resolver los problemas económicos más apremiantes en que se debate la sociedad mexicana.

Cabe agregar que desde su nacimiento, los Pactos se configuraron como formas para el establecimiento de consensos únicamente entre las cúpulas de los sectores productivos del país: patrones, trabajadores y gobierno; con la finalidad de regular la compra-venta de la fuerza de trabajo y como mecanismos de control social y político, para garantizar el desarrollo de la estrategia económica. Con ello queda claro el carácter corporativo de los Pactos y su carácter obligatorio para la sociedad.

Hoy evidente que lo que se firma como Pacto consiste en la decisión autoritaria del gobierno en materia económica y no el establecimiento de los consensos entre los auténticos representantes. En principio, porque los firmantes representan poco o nada a los sectores y lo que se decide, en su gran mayoría, es contrario a los intereses de los trabajadores y sus organizaciones.

Sin embargo, la estrategia para salir de la crisis económica aceleró la reestructuración productiva pero controló la recomposición social y política de los trabajadores y sus organizaciones. La experiencia de los Pactos en este sentido así lo demuestra, al coadyuvar a la imposición de la política de la flexibilización salarial.

Esta política de flexibilización, cambió la composición salarial al alterar las diferencias entre los salarios contractuales y los salarios mínimos, al abaratar la mano de obra, y al disminuir la participación del trabajo en el ingreso nacional. Al mismo tiempo, evidenció la inoperancia de organismos que sólo refrendaban la política económica del gobierno sin importarle sus representados, como la CTM y otros integrantes del Congreso del Trabajo.

Con el advenimiento del neoliberalismo, la regulación de la compra-venta de la fuerza de trabajo, elemento central en la definición de los pactos, puso en el centro el control de los aumentos salariales, comúnmente llamados "topes salariales". Esta regulación significó un serio golpe a las organizaciones sindicales y no se puede explicar sin su debilitamiento o, su subordinación a políticas contrarias a los trabajadores. El control político que el gobierno realiza para cumplimentar su proyecto económico, es cada vez más cuestionado a medida que no se ve ninguna mejoría ni recuperación en los niveles de vida de los trabajadores. Aunque es importante señalar que muchas organizaciones se opusieron desde el nacimiento de los Pactos a su funcionamiento, y se lograron resistencias importantes a los acuerdos, el cuestionamiento más importante no provino sólo de los trabajadores, viene también del repudio masivo a la política económica y a sus formas excluyentes que le son inherentes, que se expresó recientemente vía el voto popular del pasado 6 de julio.

Por lo anterior creemos que no debe seguirse sosteniendo una política de pactos concertados cupular y corporativamente, que han demostrado ser incapaces de traer consigo, en su cortoplacismo irresponsable y engañoso, los cambios estructurales que la economía mexicana requiere para recimentarse sobre nuevas bases de eficiencia productiva y de justicia social.

La política de pactos neoliberales debe terminar porque su desgaste revela el agotamiento de un esquema histórico seguido por el Gobierno Mexicano para el diseño, elaboración e instrumentación de políticas públicas.

Los pactos corporativos son la expresión de un sistema autoritario de toma de decisiones, de planificación y de aplicación de políticas públicas que con diferentes denominaciones y modalidades se ha seguido en nuestro país a lo largo de varias décadas. En estos, los participantes son presionados y subordinados por el gobierno o simplemente, ignorados para obligarlos a aceptar en los hechos una serie de medidas insuficientes y de elevado costo social. Prescindir de ese esquema autoritario es hoy posible y necesario.

Los sindicatos agrupados en el Foro "El Sindicalismo ante la Nación" consideramos que la participación plural y democrática de los actores por medio del consenso democrático y de un equilibrio responsable y no patrimonialista del poder son una alternativa para reemplazar a los pactos cupulares y corporativos con nuevas estructuras democráticas de toma de decisiones e instrumentación de políticas públicas.

Insistir en el mismo esquema de pactos es un contrasentido ante los procesos de democratización y de cambio que se han consolidado como el gran lineamiento, como la única orientación incuestionable del quehacer político en nuestro país. Sostenerlo implica un grave riesgo, un obstáculo, un retroceso para la consolidación del proceso de cambio democrático que vivimos, y que ha mostrado ser responsabilidad y propiedad de todos los mexicanos, y no patrimonio de una persona, elite, institución o partido político.

Los cambios que se expresaron el 6 de julio sirven de impulso para las transformaciones pendientes y para hacer de la democracia la pluralidad, la tolerancia y la participación, lo cotidiano y lo ordinario en los diferentes segmentos de la convivencia social. De aquí que los pactos corporativos para respaldar las políticas económicas y sociales del gobierno deben ser reemplazados por verdaderos acuerdos sociales entre el gobierno, los diferentes organismos sectoriales, las organizaciones sociales representativas, los partidos políticos y los ciudadanos por la vía directa mediante procesos democráticos de discusión y consenso, lo que fortalecería las políticas públicas y la soberanía de la nación.

Es por ello que durante los próximos meses y años, la reforma desde la sociedad y en forma democrática de las políticas públicas será una de las estrategias e instrumentos más importantes para el avance y la consolidación de la democracia en nuestro país, para redefinir al Estado, establecer un nuevo pacto social y consensar el perfil del país que queremos ser en los escenarios mundiales de la globalización y de la compleja interdependencia.

Por su naturaleza y característica, las políticas públicas constituyen espacios para la discusión y la participación plural, pero también para la necesaria construcción de consensos, acuerdos y compromisos que resuelvan, en el corto y en el largo plazo problemas concretos y expectativas reales de gestión y de representación de intereses de los más diversos actores sociales.

En un proceso de construcción democrática con el que se vive en México, la discusión y construcción de consensos en torno de las políticas públicas específicas y sectoriales puede construir una garantía de avances más sólidos y estables que den certidumbre y fortaleza a la consolidación democrática. Puede ser además, sobre todo, la clave para resolver problemas ancestrales de desigualdad, de injusticia y de corrupción que no hallaron, ni podrían haber hallado solución en los esquemas cupulares y corporativos tradicionales.

Por esto, una de las grandes lecciones cívicas de la jornada electoral del pasado 6 de julio fue el voto contra esos viejos esquemas y generó una nueva composición política que obligará a todos sus integrantes a dialogar, a consensar, a repensar la política y el ejercicio del poder.

La reciente reforma político-electoral, pese a sus insuficiencias, abrió causes a la participación activa de la sociedad que ahora permite avanzar en la democratización de otros espacios de la vida nacional. Es indispensable dar mayor alcance a la participación ciudadana para la reforma social del Estado, de manera que así como hoy se debate abierta y públicamente la vida político-electoral, la responsabilidad de los funcionarios, de los partidos y otras instituciones, se discutan y se consensen también la política económica y la representatividad de las organizaciones sociales.

Los consensos deberán buscar no sólo la solución coyuntural y parcial de los problemas sino que deberán estar soportados por una visión de largo plazo con un concepto integral de proyecto de Nación y con metas y propósitos alcanzables, respaldados por la movilización y la participación de la población en su conjunto.

Para ello, proponemos como mecanismo para impulsar los acuerdos y los consensos y para la discusión misma de los problemas y de sus soluciones, aprovechar los espacios del poder legislativo, tanto federal como estatal, de manera que diputados y senadores no sólo representen los intereses de los partidos a los que pertenecen sino, sobre todo, los de la población que les otorgó su voto y su confianza. Otro medio para lograr este objetivo es la negociación directa con el poder ejecutivo para incidir en las decisiones de gobierno y con los partidos para llegar a acuerdos, a alianzas y a acciones comunes, manteniendo siempre nuestra independencia y autonomía sindical.

Para que el proyecto sea verdaderamente nacional, proponemos adicionalmente construir acuerdos con otros sectores representativos de las sociedad-empresarios, pequeños propietarios agrícolas, organizaciones civiles, etc., así como realizar un acuerdo extraordinario para involucrar a los medios impresos y electrónicos de comunicación para llevar a la opinión pública un debate informado y serio de los problemas y de sus soluciones. Y, finalmente, para crear un círculo virtuoso en este proceso democrático de consensos y de acuerdos, se requiere legislación para crear mecanismos de participación ciudadana como el referéndum y el plebiscito, a efecto de que los asuntos y las decisiones fundamentales sean sometidas al voto universal, directo y secreto de los mexicanos así como construir los mecanismos ciudadanos para vigilar y evaluar el cumplimiento y los alcances de las políticas públicas.

Este proceso de democratización de la interlocución de las organizaciones sociales obliga a la máxima congruencia y representatividad de estas y las impulsa a crear una nueva relación con la sociedad, para representarla también en términos de comunidad, de nación, de soberanía y de política internacional. Esta nueva relación con la sociedad romperá de manera definitiva con el encierro gremial y corporativo que muchos sindicatos han mantenido como única práctica posible y conocida.

De esta manera la democracia y la pluralidad no serán sinónimos de aislamientos, de rebeldía, de privilegio o de marginalidad. Se convertirán en los mejores y más importantes eslabones que tendrán los sindicatos con la sociedad en su conjunto. Será también, por lo tanto, el mejor instrumento para participar activa, propositiva y autónomamente en la reforma del Estado y en la redefinición del proyecto nacional.

La política económica ha sido una de las áreas de política pública que históricamente han padecido en mayor medida los embates y consecuencias de los esquemas autoritarios y cupulares de toma de decisiones, en detrimento permanente de la inmensa mayoría de la población. Por esta razón, en un contexto de cambios democráticos, su discusión constituye una de las áreas estratégicas, social y políticamente ineludibles para la reforma social y democrática del poder y de las políticas públicas, revalorando de esa manera la soberanía nacional ante la globalización.

Pero para que verdaderamente contribuya al avance democrático, la discusión sobre la política económica no puede ni debe convertirse en un escenario de confrontación ni de intransigencia, sino en un espacio para los consensos y para impulsar cambios no sólo de tipo económico, sino políticos y sociales.

A fin de no caer en la utopía, la discusión de la política económica y los consensos en torno de ella deberán considerar, responsable y objetivamente, las limitaciones y las posibilidades que a las economías nacionales imponen los entornos globales dominados por la interdependencia compleja y por las corporaciones multinacionales, que hoy son dueñas de cerca de las tres cuartas partes del total de la producción, del capital, de la inversión, de los recursos y de la tecnología a nivel internacional, y que son las verdaderas autoras de los esquemas de privatizaciones, de desregulación y de liberalismo económico en todo el mundo, con el beneplácito de los Estados y capitales nacionales y de los gobiernos.

En este sentido, toda política económica verdaderamente alternativa y democrática, deberá considerar esta realidad y proponerse, abrir posibilidades de diálogo y de consenso, de interlocución y de fuerza social multinacional e internacional con las verdaderas dueñas y concentradoras de la riqueza y del poder en todo el mundo, es decir, de las grandes corporaciones multinacionales.

Es necesario que los gobiernos nacionales cuenten con un amplio consenso social, con una legitimidad sólida, a efecto de poder encabezar y asumir el liderazgo en la interlocución con las multinacionales y en la discusión de un nuevo orden mundial. Los recientes triunfos electorales hacia la izquierda y en contra de las políticas "neoliberales" en varios países del mundo en los últimos años y meses, son significativos pues parecen apuntar el inicio de un proceso de nuevos consensos nacionales en torno de las políticas económica y social.

Sin lugar a dudas, los aspectos financieros, monetarios, comerciales e incluso fiscales de la política económica de los países, están determinados por los intereses de dichas corporaciones, y de la misma manera lo están los aspectos sociales, de aquí el incremento dramático de la pobreza y de la desigualdad en todo el mundo durante los últimos veinte años. De aquí también que las transformaciones financiera, monetaria, comercial o fiscal, no puedan darse sin considerar la variable poderosa y determinante de las multinacionales o al margen de su participación y compromisos.

La revisión de acuerdos comerciales como el TLC, la renegociación de la deuda externa o la redefinición del sistema monetario internacional no deben plantearse ni asumirse, estratégicamente, como cuestiones sólo de interés nacional, ya que son problemas que enfrenta la mayoría de los países, como expresión de las grandes irregularidades que presenta un nuevo orden mundial caracterizado por grandes transformaciones democráticas, pero al mismo tiempo, paradójicamente, por la resistencia de las peores arbitrariedades y asimetrías en la distribución de la riqueza y del poder.

Hoy más que nunca, ninguna propuesta seria y responsable puede pretender que nuestro país esté aislado o pueda transformar y resolver por sí solo problemas epidémicos como el desempleo, los bajos salarios, la desvalorización del trabajo, la polarización social, la inestabilidad financiera o las desventajas del libre comercio.

Por ello, el planteamiento de una política económica alternativa exige, además de identificar las áreas prioritarias susceptibles de ser resueltas por la vía de los consensos nacionales entre una gama plural y representativa de actores, la necesidad de una nueva estrategia internacional, que nos permita enfrentar en mejores condiciones la fuerza y el poder inconmensurable de las multinacionales y de los mecanismos e instrumentos que estas han desarrollado para reacomodar la economía, las finanzas, el comercio y la política mundiales en favor de su acumulación y de sus intereses expansivos y sin compromisos sociales.

De lo que se trata, finalmente, es de construir una alternativa mejor que sea sustentable para el cumplimiento cabal de la responsabilidad social del Estado. Alternativa en la que mediante la lucha social legal e institucional, la participación política, los consensos y la construcción de nuevas estructuras de representación social y política nacional e internacional que hasta ahora no existen (como aquéllas necesarias para establecer una interlocución social reconocida, eficaz y respetable con las multinacionales) se consiga un nuevo equilibrio económico, social y político entre los actores, una nueva fórmula en la que se consideren no solo el mercado y las ganancias sino el empleo y el bienestar social. Se trata también hacer sustentable al propio mercado, cuya expansión está amenazada por la reducción de los mercados internos, del desempleo y de los bajos salarios.

Es necesario, para todo esto, emprender una intensa e innovadora acción política y social, partiendo, sí, de la discusión y de los consensos en torno de la política económica, pero teniendo como perspectiva la transformación del Estado y un nuevo pacto social. Las áreas prioritarias de la política económica sobre las que es socialmente indispensable empezar a construir consensos y un verdadero "frente nacional" son: el empleo, los salarios, la política fiscal y la distribución del ingreso, las tarifas y precios del Sector Público así como las llamadas <<políticas industriales>> o la política productiva del país en sectores y cadenas estratégicos. De manera inevitable, esta discusión sobre la reforma microeconómica y sus consensos llevarán a las áreas hasta ahora dogmatizadas e "intocables" de la macroeconomía: la deuda externa, la política monetaria, la política comercial internacional.

El movimiento sindical asume que el empleo, el salario, la política social, la calidad de vida y la distribución del ingreso no pueden ser más subproductos de estas áreas, sino los nuevos ejes para la reestructuración de las economías y los mercados. Por ello sostiene que, de ser necesario, las prioridades de la política económica deberían de ser sometidas a referéndum entre la población.

Proponemos que algunos de los grandes temas que se sometan a discusión y a consenso, como parte de la democratización de las políticas públicas y de la transformación de la política económica sean:

Refrendamos el compromiso de mantenernos al lado de nuestro pueblo en la lucha por transformar la injusta estrategia económica actual, por otra que respete nuestros derechos, mejore las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados, proporcione empleo digno, defienda la soberanía nacional y respete el patrimonio de todos los mexicanos, como son: la educación pública, la seguridad social e industrias estratégicas y todos aquellos sectores vitales para un desarrollo nacional con independencia y justicia social.

Consideramos urgente dialogar y tomar posición frente a diversas iniciativas gubernamentales tales como la desincorporación de empresas públicas, muchas de ellas de carácter estratégico, como es la petroquímica secundaria, e impulsar procesos transparentes de negociación e incorporación de las propuestas de los actores políticos y sociales comprometidos en defender los intereses nacionales.

Además de la defensa del patrimonio nacional, la instrumentación de un modelo de desarrollo como el que aspiramos y que parte de los siguientes objetivos:

• Salvar a la planta productiva nacional, reestructurar e integrar las cadenas productivas y aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones.
• Crecer a tasas por arriba de ritmo demográfico, sostener tasas de crecimiento económico por encima del 5% no sólo es deseable sino viable con un proyecto que siente las bases de un crecimiento estable, generalizado, sustentable y con distribución justa del ingreso.
• Lograr soberanía y autosuficiencia alimentaria.
• Elevar los niveles de bienestar generando más, mejores y bien remunerados empleos.
• Sanear el sector externo a partir de la redefinición de nuestra integración en la economía mundial.
• Disminuir la vulnerabilidad de nuestra economía frente al capital especulativo y de los vaivenes del mercado internacional.
• Recuperar la soberanía en la definición de la política económica y con ello disminuir la dependencia del exterior.

1. Defensa del empleo y recuperación de la planta productiva.

2. Medidas para impulsar el mercado interno.

3. La reforma social de la política laboral.

4. Ahorro interno.

5. Política fiscal.

• Aumentar los ingresos fiscales a partir de ampliar la base de contribuyentes, lo cual se lograría con una verdadera simplificación administrativa que facilite la incorporación de la llamada economía informal al pago de impuestos, así como a los beneficios de la seguridad social. También el crecimiento económico generalizado por sí mismo permitirá aumentar lo recaudado.
• Fomentar la inversión productiva frente a la especulativa y orientarla hacia regiones y sectores que son prioritarios en un proyecto de desarrollo de largo plazo. Incentivos otorgados contra compromisos concertados, con metas medibles, por tiempo definido prolongable según el desempeño.
• Federalización de la recaudación y el manejo de los recursos. El cobro del IVA por los estados y la obligación de las empresas públicas a pagar el impuesto predial en los municipios, pueden dar inicio a la Federalización. La Federalización supondrá un esquema real de solidaridad entre las entidades y los municipios, con objeto de garantizar un desarrollo integral entre las regiones del país.

• Reducir el IVA al 10%. Exentar medicinas y alimentos. Mantener e incluso incrementar más allá la tasa del 15% para bienes suntuarios.
• Suprimir el impuesto al activo.
• Proveer de progresividad al impuesto sobre la renta (ISR). Desgravación del Impuesto Sobre la Renta hasta cuatro salarios mínimos. Premios a la reinversión y ahorro en el sistema financiero nacional en instrumentos de mediano y largo plazo.
• Suprimir los impuestos sobre nóminas.
• Impuesto sobre las inversiones especulativas, incluyendo las transacciones en la bolsa de valores.
• Revisar el régimen especial de la maquila.
• Incentivos sujetos a metas concertadas con los sectores involucrados y su continuidad estará condicionada al logro de dichas metas.
• Incentivar la reconversión tecnológica hacia tecnologías limpias. Multas y castigos a los agentes contaminantes.
• Incentivos y subsidios temporales para micro, pequeñas y medianas empresas principalmente por su contribución en la generación de empleos.

6. Las carteras vencidas.

7. Bajar las tasas de interés

8. Privatizaciones

9. Un sector público de la economía eficiente que sea palanca del desarrollo nacional

10. Deuda Externa

• La reducción significativa en el saldo con el fin de disminuir su servicio (intereses y amortizaciones).
• Mejorar el perfil de los vencimientos. Entre otras medidas, se debe lograr periodos de gracia suficientemente largos para permitir a la economía consolidar su recuperación.
• Reducir las tasas de interés.
• En lo interno, el congreso de la Unión debe proceder a reformar la Ley de Deuda Pública con objeto de acotar y regular de manera efectiva el endeudamiento generado por razones de regulación monetaria. El objetivo es logra un mayor control y fiscalización de las decisiones sobre endeudamiento público por parte del Ejecutivo Federal. en ese mismo sentido se debe propiciar la participación de la sociedad civil en el proceso de renegociación.

11. La política cambiaria

12. El TLC, la Apertura Comercial y la Seguridad Social

13. Política antiinflacionaria

3. PLAN DE ACCIÓN

Los cambios recientes que ha experimentado nuestro país y los que están en proceso, no son en forma alguna aislados ni espontáneos. Son consecuencia y parte de un proceso histórico en el que hemos actuado y por el que hemos pugnado diversas organizaciones sociales. La lucha por construir nuevas formas de convivencia, de representación y de legitimidad más allá del corporativismo, en la pluralidad y en la democracia, en la tolerancia, la participación y el respeto, no es algo que deba ser atribuido sólo a los partidos políticos o a la institución presidencial. Ha sido un amplio proceso colectivo en el que muchas de las experiencias y de los avances democráticos más importantes y ejemplares han estado y están sin duda, en el sindicalismo.

El sindicalismo mexicano es un movimiento plural, diverso y heterogéneo en el que concurrimos organizaciones con orígenes, trayectoria y memoria diversos, pero en el que finalmente nuestra razón de existir es siempre la representación de los trabajadores en su actuar laboral y productivo, pero también en su actuar social y político.

Para muchas de las organizaciones dentro del vasto movimiento sindical mexicano, cumplir y desarrollar responsablemente la representación de los trabajadores, nos ha exigido trascender los límites y fórmulas del corporativismo, reclamar una mayor autonomía y renovar nuestra iniciativa histórica, construyendo y encontrando nuevas posibilidades y opciones que, en la democracia, nos han permitido hallar mejores respuestas no sólo frente a las expectativas de los trabajadores, sino para resolver grandes necesidades y problemas productivos, de modernización, de calidad, productividad y competitividad de las empresas y del país.

En la Primera Asamblea Nacional de los Trabajadores, las organizaciones participantes hemos asumido un compromiso para retomar la iniciativa histórica de los trabajadores y conjuntar nuestros esfuerzos, voluntad y experiencias a efecto de impulsar y consolidar la transformación democrática del movimiento sindical mexicano y, a través de esta, impulsar a la vez la democratización de las políticas públicas y la definición de un nuevo pacto social que dé forma y sustento a un sistema político diferente y a un Estado plural y democrático, con contenidos y formas de representación social más ricos y eficaces que los del corporativismo, y acordes con las transformaciones que han ocurrido en México y en el mundo por lo menos durante los últimos quince años.

Retomar la iniciativa histórica significa para nosotros decidir, en un pleno y legítimo ejercicio de la autonomía sindical, la concertación de una serie de compromisos y objetivos mínimos que hemos identificado como estratégicos para emprender la construcción de ese nuevo pacto social, así como una convocatoria al gobierno, a los empresarios, a los partidos políticos y a otras fuerzas y actores sociales, para respetar y tolerar las nuevas formas de interlocución social y política y a los vínculos novedosos que los sindicatos nos proponemos en nuestras relaciones con ellos.

Con el gobierno, buscamos desde luego una relación seria e institucional, fundada en el respeto pleno e irrestricto de la autonomía sindical y en la concertación de una reforma del propio gobierno, de una reforma laboral-productiva que desmantele progresivamente las estructuras y prácticas de intervención y control oficial sobre los sindicatos; que deseche los mecanismos clientelares, la corrupción y la injusticia en el ejercicio de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de sus organizaciones.

Con los empresarios, buscamos un pacto social fundado en la revalorización del trabajo, del trabajador y del sindicalismo como fuerza productiva y social representativa y con opciones y respuestas frente a los problemas laborales y productivos de las empresas. Buscamos el compromiso de los empresarios con sus trabajadores, el respeto y el reconocimiento de las organizaciones sindicales y de su autonomía.

Con los partidos políticos, buscamos la definición de nuevos vínculos, que erradiquen las prácticas clientelares y la transgresión continua de la autonomía sindical. Sindicatos y partidos políticos debemos reconocernos como fuerzas substancialmente diferentes, con objetivos esencialmente distintos pero que podemos coincidir en torno de grandes proyectos y objetivos comunes en beneficio de nuestros representados y afiliados, que pueden ser finalmente las mismas personas, actores y comunidades.

Sindicatos y partidos políticos necesitamos converger en una profunda reforma del poder para su ciudadanización, democratización y desclientelización, para crear controles sociales sobre la autoridad y establecer redes inéditas de acción comunitaria y regional.

El gran viraje histórico en las relaciones entre los partidos políticos y los sindicatos, estaría dado fundamentalmente por la determinación de los partidos para convertirse en organizaciones representativas de intereses sociales y no sólo en instrumentos políticos y electorales al servicio de grupos y elites, así como en reconocer la existencia de organizaciones sociales diversas, con su propia autonomía e identidad. En este sentido la relación con las diferentes fracciones de diputados en la nueva cámara y con las comisiones, deberá ser un nuevo espacio de acción sindical.

Por su parte, otro cambio histórico de los sindicatos estaría dado fundamentalmente por su determinación para incursionar en una nueva acción política y social, sustentada en acciones organizativas y de interés cívico en comunidades y regiones.

Esta acción estará encauzada a la gestión ante autoridades, a reconocer, reivindicar y promover los valores y derechos humanos, los valores culturales, estéticos y artísticos. Reivindicar los derechos y la participación de la mujer, el apoyo a las personas de la tercera edad, atender la problemática juvenil e infantil, la de los discapacitados, de las etnias, etc.

Ese nuevo ámbito de la lucha sindical requiere nuevas formas de organización y de capacitación, la nueva formación de los activistas sindicales ocupara también una importancia relevante.

Con los medios de comunicación tenemos que relacionarnos más allá de ser noticia, crear vínculos permanentes y profesionales para informar y formar opinión para crear espacios de comunicación creíbles consistentes y coherentes. Los medios han tenido un papel importante en los cambios hacia la democracia, es un hecho que también se están desprendiendo de sus ligas corporativas y de control y están generando un fuerte respaldo para que la pluralidad se amplíe a cada vez más sectores de la sociedad, apoyar esta tarea, es en sí mismo apoyar nuestra lucha.

La acción internacional del sindicalismo es otra prioridad que debemos ahondar. Nuestro compromiso es participar en la reconstrucción y en el fortalecimiento del movimiento sindical internacional.

Creemos que frente a las circunstancias impuestas por la globalización de las economías, es indispensable la existencia de contrapesos sindicales y sociales fuertes y representativos ante el capital multinacional, que genere correlaciones de fuerzas favorables a los trabajadores y que reviertan la desigualdad social, económica y política existente en todos los países, y entre los países, que construyan opciones frente al desempleo, la desvalorización del trabajo, el deterioro salarial el esquirolaje y la competencia entre los trabajadores en prácticamente todo el mundo.

La creciente integración de las multinacionales se pone de manifiesto en políticas de alcance mundial que aprovechan las condiciones existentes en cada país en su propio beneficio eso hace destacar la urgente necesidad que tenemos los trabajadores de trascender las fronteras políticas y las barreras mentales que nos impiden actuar de manera unitaria.

Por ello buscamos acuerdos que nos permita consolidar frentes laborales de alcance internacional que enfrenten a un mismo patrón.

4. EXHORTO DE UNIDAD SOCIAL

Cualquier intento de creación de nuevos vínculos con la sociedad y el impulso de su unidad pasa necesariamente por el fortalecimiento de la unidad del sindicalismo, unidad en la acción y en la movilización, unidad en la lucha y para el cambio, sin simulaciones y tutelajes.

Esta nueva actitud implica por tanto un compromiso profundo de reencuentro con la sociedad, en virtud del cual el sindicalismo replantearía sus relaciones con los más diversos actores, históricos y emergentes, buscando elaborar y coincidir con ellos en agendas de interés público y común. Existe un amplio espectro de demandas y expectativas sociales específicas y generales que sólo podrán ser resueltos mediante una acción combinada de actores, en la que el movimiento sindical puede converger. Estamos dispuestos a transformar la equívoca imagen del sindicalismo como movimiento social aislado y privilegiado, centrado en intereses limitados e incapaz de trascender los límites de su representatividad social.

A gobierno, empresarios, partidos políticos y otras fuerzas y actores sociales y políticos, los convocamos a esta iniciativa de transformación social y política en el marco de tolerancia y paz social elegido y ratificado por los mexicanos en las sucesivas contiendas electorales. Exhortamos a explorar nuevas formas de acercamiento y participación social, acudiendo al referéndum y al plebiscito para orientar las grandes decisiones que afecten a la mayoría de los mexicanos, es indispensable también crear formas de organización social que vigile y evalúe las políticas públicas.

La democratización de los consensos y los nuevos acuerdos sociales deberán de ser el nuevo sustento de la estabilidad y del proyecto nacional y el principal fortalecimiento de la soberanía.

A las cámaras legislativas, federal y estatales, las exhortamos a ser espacios de la discusión y de la voluntad ciudadana y no meras prolongaciones de las líneas y disputas partidistas.

Con los medios de comunicación, buscaremos la apertura de espacios que fortalezcan el diálogo, la información, los debates y la formación de consensos.

Existe hoy una situación política excepcional, con indicaciones muy claras de la ciudadanía, que debemos interpretar y cumplir sin vacilación ni desviaciones.

Existe una sociedad decidida y fuerte, que reclama cambios y que necesita ser representada por organizaciones responsables y de un gobierno sensible y resuelto, que supone hoy de un amplio margen de apoyo para emprender una serie de cambios económicos y políticos orientados a definir un nuevo pacto social, un nuevo Estado, una soberanía más fuerte y un combate estructural a la corrupción, a la ineficiencia y al autoritarismo.

Con nuestros propios cambios, los sindicatos hacemos un llamado de unidad a la sociedad para caminar juntos en este proceso histórico.

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